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Boletín de prensa 8 de agosto de 2011

 

EL TIEMPO

 

HAY CUATRO PROYECTOS PARA REGLAMENTAR LA UNIÓN HOMOSEXUAL EN EL PAÍS

 

Colectivos LGBT se preparan para participar en la discusión.

El Congreso tiene hasta el 2013 para cumplir el fallo de la Corte Constitucional.

La discusión de una fórmula jurídica para que las parejas del mismo sexo puedan constituir uniones con los mismos derechos y deberes que los matrimonios heterosexuales, dando cumplimiento a un fallo de la Corte Constitucional sobre el tema, será uno de los platos fuertes de la legislatura.

El alto tribunal dio plazo hasta el 2013 para que el Congreso decida, pero los partidos ya preparan proyectos sobre el tema. Algunos hablan de matrimonio, otros de unión civil. Y hay también quienes se oponen del todo.

Marcela Sánchez, directora de la ONG Colombia Diversa, dijo que hasta el momento no han hablado con ninguno de los autores de las iniciativas.

Sin embargo, enfatizó que constitucionalmente no procedería una figura que no esté en igualdad de condiciones que la del matrimonio.

"No entiendo por qué las uniones entre parejas del mismos sexo no pueden llamarse de esa forma. Eso no significa igualdad", puntualizó la directora de Colombia Diversa.

 

1. Unión civil, dicen 'la U' y los verdes

 

Dos proyectos plantean desarrollar el fallo de la Corte mediante la figura de la unión civil. Miguel Gómez ('la U'), autor del primero, explica que se "permitiría que parejas heterosexuales y homo- sexuales puedan convivir sin tener que estar bajo la figura del matrimonio".

El congresista explicó que la iniciativa les garantiza "los mismos efectos legales del matrimonio, a pesar de que no tienen las obligaciones de la fidelidad y la procreación". El segundo proyecto, impulsado por el Partido Verde y respaldado por el senador de 'la U' Armando Benedetti, plantea la unión civil como un "acto jurídico, celebrado ante notario, mediante escritura pública, entre personas del mismo sexo que se denominarán cónyuges", y que "tendrá los mismos efectos jurídicos del contrato de matrimonio". Alfonso Prada, vocero verde en la Cámara, radicará el proyecto esta semana.

 

2. 'Azules' no llevarían proyecto

 

"No entiendo cómo es que hay partidos que anuncian proyectos para que se puedan casar las parejas de un mismo género, si eso es inconstitucional", dijo el jefe del Partido Conservador, José Darío Salazar. Agregó que a las parejas homosexuales "se les han venido otorgando todos los derechos posibles".

 

3. Cambiar definición de matrimonio: liberales

 

El congresista liberal Guiller- mo Rivera radicó un proyecto que modifica el Código Civil, cambiando que el matrimo- nio es "entre un hombre y una mujer" porque es "entre dos personas". Rivera afirmó que no plantea la figura de la unión civil, porque "estamos intentando no discriminar, al marcar una diferencia entre los dos tipos de uniones". La iniciativa no plantea la posibilidad de adopción.

 

4. El Polo plantea reformar la Carta

 

El Polo le apostará a re- formar el artículo 42 de la Constitución, el cual señala que la familia se constituye "por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio".

La representante a la Cámara Alba Luz Pinilla radicará la iniciativa esta semana. "Familia no tiene que ver con matri- monio; tenemos que ver la multiplicidad de familias que existen", dijo la congresista, quien aseguró que "no se pue- den seguir violando los derechos humanos de las parejas del mismo sexo".

Pinilla también trabaja en un proyecto que permita "abrir el debate" sobre la posibilidad de que las parejas homosexuales puedan adoptar.

 

PIDEN NO APOYAR CADENA PERPETUA CONTRA VIOLADORES Y ASESINOS DE NIÑOS

 

El proyecto fue radicado con el respaldo de más de 2 millones de firmas.

Comisión Asesora de Política Criminal sugiere a Gobierno no apoyar trámite de referendo en Congreso.

El referendo de cadena perpetua para violadores y asesinos de niños es "una forma de populismo o de demagogia punitiva". Esta es una de las conclusiones a las que llegó la Comisión Asesora de Política Criminal, que le recomendó al Gobierno no apoyarlo y al Congreso hundir el proyecto de ley que lo convoca.

EL TIEMPO conoció el documento de la Comisión, creada por el Ministerio del Interior y Justicia para asesorar al Gobierno en temas de política criminal. El texto afirma que la iniciativa, bandera del Partido Verde y una de las propuestas que llevó a Gilma Jiménez al Senado, es "inconstitucional" y "pisotea la entraña misma de la Carta Fundamental".

"La imposición de tal consecuencia jurídica deviene incompatible con los principios del Estado Social de Derecho, e introduce distorsiones graves a las bases de la política criminal", precisa el informe.

La iniciativa, respaldada por más de 2 millones de firmas, está pendiente de surtir en la Comisión Primera de la Cámara el tercero de los cuatro debates que requiere.

En el documento se afirma que "el Congreso debería evitar el desgaste que para el país implica aprobar un proyecto que, todo lo indica así, va camino de ser declarado inconstitucional".

Iván González, presidente de la Comisión, le dijo a EL TIEMPO que "en el trámite que se le ha dado al proyecto en el Congreso hay un vicio de inconstitucionalidad, porque el documento que se entregó a las personas que firmaron la propuesta tiene una pregunta distinta a la que tiene la iniciativa que hoy se discute".

Aunque se trata de un concepto que no es obligante, el documento promete volver a encender el debate político y jurídico en torno a los alcances de esta propuesta.

La Comisión Asesora está integrada, entre otros, por los juristas Rodrigo Uprimny y Yesid Reyes.

 

'Se busca la protección de los niños'

 

La senadora Gilma Jiménez salió en defensa de su proyecto y advirtió que la iniciativa cuenta con el respaldo del Gobierno.

"Yo no sé qué pisotea más a la Constitución: si una propuesta que está orientada a la protección de los niños o la violencia atroz que se comete todos los días contra ellos", dijo al pedir respaldo de sus colegas al referendo.

 

'En el país debe haber resocialización'

 

El representante Humphrey Roa, miembro de la Comisión Primera de la Cámara, donde se discutirá el proyecto en tercer debate, afirmó que este no se debe aprobar. "El Estado debe ser responsable con los seres humanos y las vidas, por lo que tiene que vincular a esas personas con la sociedad y no acabarlas dentro de una cárcel", señaló.

 

PRESIDENTE SANTOS ANUNCIA 'REVOLCÓN' AL SISTEMA DE SEGURIDAD DEL PAÍS

 

Presidente Santos, en el Puente de Boyacá, tras un año exacto de su mandato.

El jefe de Estado ordenó al Ministro de Defensa revisar el esquema de control territorial.

El presidente Juan Manuel Santos reconoció el domingo que hay preocupación en materia de seguridad, por lo cual, en el discurso con ocasión de su primer año de gobierno, anunció un 'revolcón' a toda la estrategia en la lucha contra los grupos armados ilegales y la delincuencia común.

La intención del Mandatario es hacer una reingeniería a los sistemas y estrategias de seguridad, concretamente en cinco frentes: inteligencia, operaciones militares con grupos más pequeños, colaboración con la justicia, consolidación territorial y protección jurídica a los miembros de la Fuerza Pública.

Santos aseguró que grupos como las Farc han cambiado su modo de operar "ante el impacto de las operaciones" que se han realizado en su contra.

El Presidente explicó que luego de la baja del 'Mono Jojoy' y los duros golpes en el Tolima, que han dejado a las Farc sin 10 de los más importantes integrantes del Comando Central Conjunto, este grupo ilegal comenzó a recurrir a pequeñas células para cometer atentados terroristas e infiltrarse en la población civil.

"Tenemos que ajustar nuestra doctrina, nuestras operaciones y nuestros procedimientos a ese modo de operar, sin caer en la trampa de restarles eficacia y vigor a las operaciones que seguiremos haciendo contra ellos", afirmó el Presidente durante la conmemoración del día del Ejército y los 192 años de la batalla de Boyacá.

 

Mejorar la Inteligencia

 

"En la medida en que el enemigo juega al invisible, porque no tiene otra opción de supervivencia, se hace más difícil de encontrar y nos obliga a revisar y, en lo posible, a unificar nuestras capacidades de inteligencia para encontrarlo", dijo Santos al pedir una revisión total de esta área.

 

Unidades más pequeñas

 

El Jefe de Estado pidió revisar la conformación de las células militares, "para que podamos operar en unidades más pequeñas y de mayor efectividad contra este enemigo oculto".

 

Apoyo a la Justicia

 

Al tiempo que reconoció el trabajo mancomunado entre el Gobierno y la Fiscalía en la lucha contra las bandas criminales, Santos pidió extender estas acciones conjuntas para enfrentar a las Farc.

"Ese trabajo lo tenemos que ampliar para abarcar las milicias de las Farc y, con la Fiscalía, debemos mirar cómo podemos asegurar que no sólo el soldado, sino que también la Justicia, lleguen al último rincón de nuestra patria", dijo el Jefe de Estado.

 

Consolidación territorial

 

Para el Presidente es una prioridad que la Fuerza Pública y la Justicia lleguen a todo el país, especialmente para garantizar la aplicación de la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras.

 

 

Protección jurídica

 

El Mandatario le pidió al ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, vigilar el trámite en el Congreso del proyecto que crea la defensoría técnica y jurídica de los miembros de la Fuerza Pública, que ya surtió su primer debate.

"No podemos dejar sin la debida protección legal a nuestras tropas y permitiendo que, con una simple sindicación, sean retirados de las filas", afirmó Santos.

 

Preocupa el secuestro

El presidente santos reveló un incremento

 

"Tenemos puestas todas las alertas sobre esta situación", dijo Santos al revelar que una de las preocupaciones en materia de seguridad que tiene el Gobierno es el incremento del secuestro. Aseguró ayer que "hay, y nos preocupa, un incremento del 8 por ciento en el secuestro extorsivo -15 casos más-, en parte porque la guerrilla, al verse desplazada de sus lugares de producción y tráfico de drogas, ha vuelto a recurrir a este delito inhumano".

 

REFORMA A LA JUSTICIA CALIENTA RELACIONES GOBIERNO - CORTES

 

Los ejes del debate

 

1. La tutela contra sentencias

 

El Gobierno pone fin al choque de trenes reglamentando la tutela contra sentencias. El recurso se presentará ante un juez superior, y en el caso de las altas cortes, el examen se hará en la sala plena de cada tribunal. Los roces entre los tribunales por estas tutelas se han originado porque no aceptan la supremacía de la Corte Constitucional en su revisión.

 

2. La Judicatura desaparece

 

El proyecto acaba con el Consejo Superior de la Judicatura y crea un nuevo ente integrado por los presidentes de las Cortes y un gerente de la Rama. Las funciones disciplinarias que tenía ese tribunal pasan a las cortes y a los colegios de abogados.

 

3. Notarios con funciones de juez

 

Gobierno da facultades jurisdiccionales a notarios, abogados y conciliadores por cinco años para resolver procesos y descongestionar la Justicia. Según el proyecto, la medida busca evacuar dos millones de procesos represados. Actualmente estos funcionarios, que dependen del Ejecutivo, cumplen con labores administrativas y solo los jueces ejercen las funciones judiciales.

 

4. Investigación de congresistas

 

Para garantizar el derecho a doble instancia, el proyecto le quita a la Corte Suprema la facultad de investigar a los congresistas y se la entrega a la Fiscalía. Estos procesos antes estaban en cabeza de la Sala Penal, que investigó la parapolítica y el proceso 8.000.

 

5. Elección del Procurador

 

El proyecto de reforma les quita a las Cortes la posibilidad de ternar candidatos a Procurador y Contralor. En el primer caso, la terna sería exclusiva del Presidente de la República.  El actual Procurador fue el candidato que propuso el Consejo de Estado y lo eligió el Senado.

 

Minjusticia

'Si aparecen propuestas mejores, las apoyamos'

 

El designado ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, dice que el Gobierno no está cerrando al debate sobre la reforma.

 

¿Cómo interpreta la reacción de las Cortes?

 

Como una expresión de desacuerdo que es entendible y propia de una democracia. Esperamos que termine convirtiéndose en un acuerdo, una vez que tengan lugar el diálogo, el debate y las reflexiones en el seno del Congreso.

 

¿En qué puntos no va a ceder el Gobierno?

 

No hay nada con lo que el Gobierno haya tomado la decisión de no buscar consensos y puntos de acuerdo. Si aparece una fórmula mejor, estamos dispuestos a apoyarla.

 

¿Cómo recibe el anuncio de las Cortes de pedir veeduría internacional?

 

Eso no genera temor en el Gobierno, no faltaba más. Somos una democracia transparente. ¡Magnífico que cualquier organismo internacional vea el proceso que aquí se está desarrollando y hasta nos haga sugerencias! Este no es un proyecto clandestino.

 

¿Por qué esa propuesta de que la Fiscalía investigue a los congresistas?

 

Es un paso real al sistema acusatorio: el que investiga debe ser distinto al que juzga. Así divida uno a la Corte en salas para decir esa investiga y esta juzga, aún es el mismo organismo. La Fiscalía es el ente especializado en investigar; además pertenece a la rama jurisdiccional y es autónoma del Gobierno.

 

¿Eso deja sin vida al proyecto de inmunidad parlamentaria?

 

El Gobierno quiere ser claro: ese proyecto que revive los fueros de la vieja inmunidad parlamentaria va en contravía con la historia. El país no lo vería con buenos ojos.

 

¿Cómo van a evitar que en el Congreso se cuelen micos?

 

Yo espero que eso no pase, el Gobierno estará muy vigilante. Será un buen guardián de su proyecto, y si aparecen los 'micos', pues habrá que perseguirlos.

 

¿Por qué reformar la elección de Procurador y no la de Fiscal?

 

A pesar de los recientes hechos, la forma de elegir al Fiscal es acertada, objetiva, y debe seguir. La Carta del 91 buscó despolitizar los procesos de elección de Contralor y Procurador poniéndolos en manos de las Cortes, pero eso terminó politizándolas. Ellas están para administrar justicia y deben estar alejadas del mundanal mundo de la política.

 

Corte Suprema

 

'El proyecto no arregla los problemas de la justicia'

El presidente de la Corte Suprema, Camilo Tarquino, dice que la reforma que presentó el Gobierno no soluciona los problemas de fondo de la justicia.

 

¿Cambian las relaciones con el Ejecutivo el proyecto de reforma a la justicia?

 

Pensaría que no. Quiero destacar el trato cordial que desde el comienzo de su gobierno nos ha expresado el presidente Santos. Lamento mucho, eso sí, que no nos hubieran tenido en cuenta. Pero no me atrevo a asegurar que el clima de confianza se haya perdido.

 

¿Qué le pide al Congreso?

 

El debate hay que darlo con altura. Aspiro que los legisladores asuman el proyecto con mucho detenimiento y cuidado. Confío en la sensatez y en que primero estén el país y una justicia que le dé soporte a la democracia.

 

¿Y si la reforma pasa tal cual?

 

Me preocupa que si estas normas son acogidas por el Congreso se le estaría dando demasiada fortaleza al Ejecutivo y debilitando a la justicia colombiana. Se estaría pasando del tradicional administrador de justicia, que es un juez, a que lo hagan particulares y funcionarios que dependen del Ejecutivo, son de libre nombramiento y remoción, y no se tendría la certeza de que actúen libremente.

 

¿Cuál es el mayor cuestionamiento de la Corte?

 

Nos preocupa que esta propuesta no soluciona el problema de acceso a la justicia, que es lo que reclama la sociedad.

 

¿Porqué se oponen a que desaparezca el Consejo Superior de la Judicatura?

 

Con el Consejo Superior de la Judicatura se ha logrado autonomía en la Justicia. Si la Corte Constitucional revisa este proyecto por una demanda, se corre el riesgo que todo lo que se expone en ese artículo pierda vigencia.

 

¿Qué implica que la Corte pierda la facultad de investigar a los congresistas?

 

En las discusiones no se contempló que fuera el Fiscal General el encargado de llevar la investigación. Inicialmente se dijo que se acogía la propuesta de que fuera la Corte la que tuviera secciones o subdivisiones encargadas de esa función y de la acusación y del juzgamiento.

 

¿Han pensado en presentar proyecto de reforma propio?

 

No hemos pensado en ningún proyecto. La corporación considera que la justicia está funcionando, que no hay necesidad de reformarla salvo para fortificarla, aumentando el número de jueces para resolver el atasco y la congestión judicial.

 

'Nada está escrito sobre piedra'

 

Nadie puede ofenderse porque se hacen propuestas, dijo Santos

El presidente Juan Manuel Santos reiteró, ayer, que el Congreso es el escenario propicio para discutir la reforma de la Justicia. Durante el Acuerdo para la Prosperidad que realizó en Paipa (Boyacá) el mandatario afirmó que si el Legislativo "piensa que la Justicia tiene que operar de esta forma o de otra, los demás poderes tenemos que someternos a lo que el Congreso diga, porque es el que hace las leyes: no las hace el Poder Ejecutivo y no las hace el Poder Judicial". No obstante, reiteró que el Gobierno está abierto a escuchar propuestas de las altas cortes. "Si hay propuestas alternativas, que las hagan conocer; a nosotros no las hicieron conocer", sostuvo. Y agregó: "Nada está escrito sobre piedra". Por último, dijo que "nadie tiene por qué sentirse ofendido ni agredido porque se hacen propuestas", pues "estamos en una democracia, con libertad de expresión y de pensamiento".

 

RETIRARÁN POLÉMICO PROYECTO QUE REVIVÍA LA INMUNIDAD PARLAMENTARIA

 

Así se lo confirmó el presidente del senado, Juan Manuel Corzo, a Eltiempo.com.

Ante la lluvia de críticas que generó la iniciativa, la cual buscaba una reforma que impidiera que los legisladores fueran juzgados, salvo que sus propios colegas consideraran que había méritos para ello, el presidente del Senado, Juan Manuel Corzo, anunció el retiro de la iniciativa.

El congresista dijo que tomó la decisión "en consideración al manejo que se le dio al proyecto en los medios de comunicación".

Agregó que lamenta esa determinación "por el Parlamento colombiano y por la teoría del equilibrio de poderes en el Estado colombiano".

Corzo explicó que pondrá el texto en consideración de la misión de la Unión Interparlamentaria que visitará el país, pero subrayó que por el momento no tiene pensado insistir en la iniciativa.

"Lo dejo a disposición del Congreso y las otras ramas del Poder Público", puntualizó.

 Por su parte, el presidente Juan Manuel Santos desestimó el viernes el argumento de las altas cortes, en el sentido de que el proyecto de reforma de la justicia que presentó el Gobierno al Congreso "afecta seriamente la existencia del régimen democrático en Colombia", y aseguró que es el Congreso el que debe tramitarlo.

"Hay que respetar la majestad de los poderes públicos, la majestad de la Justicia y la majestad del Congreso", anotó Santos en la inauguración de una estación de policía en Soacha (Cundinamarca).

Señaló que hubo diálogos durante más de un año con las cortes para consensuar el texto de la reforma, pero que al persistir grandes diferencias estas deben ser analizadas en el Capitolio.

"Es el Congreso el que está señalado por la propia Constitución para dirimir esas diferencias. Y el Gobierno lo que ha hecho es presentar al Congreso la reforma que los ministros del Interior (Germán Vargas) y de Justicia (Juan Carlos Esguerra) consideran más apropiada", precisó el Presidente.

El jueves, horas después de que los ministros radicaron la iniciativa, la Corte Suprema y el Consejo de Estado afirmaron que esta "compromete la separación de poderes, sobre cuya base se edifica el Estado Social de Derecho, y propugna una mayor concentración de poder en cabeza del Ejecutivo". Anunciaron, incluso, que evaluaban pedir una veeduría internacional, y sostuvieron que sus observaciones no fueron tenidas en cuenta por el Gobierno.

En el Congreso ya se prevé un fuerte debate. El liberal Luis Fernando Velasco, presidente de la Comisión Primera del Senado, donde iniciará su trámite el proyecto, señaló que "la reforma no puede ser una en la que simplemente se pongan de acuerdo las élites, Gobierno y cortes, porque el problema de la justicia es de los ciudadanos". Con el presidente del Senado, el conservador Juan Manuel Corzo, no fue posible la comunicación.

Por su lado, el presidente de la Cámara, Simón Gaviria, advirtió que la reforma se puede mejorar. "Esperamos dar garantías, ser un juez imparcial. El proyecto está bien orientado, pero puede ser mejorado por el grupo de ponentes que lo estudie", precisó.

 

Puntos polémicos de la reforma

 

Para la Suprema

 

A la Fiscalía pasará la facultad de investigar a congresistas. La Corte Suprema solo se encargará de juzgar en primera y segunda instancia.

 

No postularán

 

El Senado elegirá al Procurador y al Contralor, de terna del Presidente. Del proceso se excluyen las altas cortes, que antes presentaban terna.

 

La tutela

 

Se mantiene la tutela contra sentencias, pero solo se podrán instaurar, en el caso de las altas cortes, ante la Sala Plena de cada corporación.

 

Notarios jueces

 

Para descongestionar los despachos, se otorgan facultades de jueces a notarios, abogados y conciliadores. Esto, por cinco años máximo.

 

REFORMA PRIVATIZA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA: CONSEJO DE ESTADO

 

El magistrado Mauricio Fajardo no descarta llegar al debate de la reforma con proyecto propio..

El presidente del Consejo de Estado, el magistrado Mauricio Fajardo, no descarta llegar al debate de reforma a la Justicia con proyecto propio. Aunque considera que esta posibilidad no puede catalogarse como una contrarreforma, sí insiste en que es necesario debatir a fondo la iniciativa radicada por el Gobierno hace dos días.

El magistrado Fajardo, en diálogo con ELTIEMPO.COM, asegura que el proyecto de reforma que presentó el ministro Germán Vargas Lleras el jueves pasado busca concentrar mayor poder en el Ejecutivo y debilita la independencia y autonomía de la justicia. Además, ignora una necesidad creciente de la Rama: la de mayores recursos para su funcionamiento.

 

¿Cuál es el paso que darán las cortes frente al proyecto de reforma a la justicia que presentó el Gobierno?

 

Es un tema que el Consejo de Estado está estudiando y en los próximos días definirá si presenta o no un proyecto al Congreso que tenga alternativas precisas y claras para una verdadera reforma a la Justicia.

 

¿Qué puntos tendrá ese proyecto?

 

Sería una iniciativa surgida de la propia Rama Judicial que buscaría consultar de manera adecuada, completa e integral aquellos puntos que le interesan y preocupan al Consejo de Estado. En ese sentido propondría materias que solucionen de manera concreta real y efectiva las dificultades que puede presentar en este momento la administración de justicia. Mantener la separación de los otros poderes y asegurar la autonomía y la independencia de la Rama Judicial como presupuesto fundamental para la consolidación de la paz en Colombia.

 

¿Cambian las relaciones con el Gobierno?

 

Nosotros seguimos manteniendo por todas las ramas del poder público el respeto que nos merecen y que siempre hemos profesado. Aspiramos que se siga manteniendo el respeto por el cumplimiento de las funciones y las decisiones que por la Constitución y la ley le han sido atribuidas al Consejo de Estado en particular, y a los jueces de la República en general. Pero el proyecto le pone fin a una etapa en la que alcanzamos a abrigar la esperanza de que nuestras opiniones hubieran podido ser tenidas muy en cuenta. Lo ciento es que, prácticamente, ninguna de las razones ni de las iniciativas ni de los interrogantes que formulamos fueron recogidos por el Gobierno.

 

 

¿Cuál será en adelante la postura de las cortes frente al Gobierno?

Debe continuarse los canales de comunicación, pero también entendemos que el escenario natural lo constituye ahora el Congreso, donde esperamos que las opiniones y los puntos de vista, las reflexiones de la Rama puedan ser valoradas realmente y tenidas en cuenta de manera efectiva.

 

¿Porque afirman que el proyecto de reforma debilita a la Rama?

Conviene tener en cuenta cómo se busca quitarle facultades de instrucción a la Corte Suprema de Justicia en el juzgamiento de aforados para no sólo pasarla a la Fiscalía, e incluso, que no queden en cabeza del Fiscal General. Según el proyecto, todo lo que tiene que ver con la investigación de los aforados puede terminar en manos del Vicefiscal o en delegados de la Fiscalía, funcionarios de jerarquía inferior y de libre nombramiento y remoción. Esto afecta y puede minar la independencia y autonomía.

 

¿Confían en el Congreso para tramitar la reforma a la Justicia?

 

Confiamos firmemente en la vocación democrática que inspira y orienta al Congreso, a cada uno de sus integrantes, y confiamos que con esa visión y de mantener una completa separación de las ramas del poder público y la concepción de Estado que tienen sus miembros se pueda adelantar el debate. Esperamos que el valor de los principios democráticos y los más altos intereses de la patria y de la administración de justicia se lo único que aliente al Congreso.

 

¿Qué puntos de los que se discutieron quedaron en el proyecto presentado por el Gobierno?

Ninguno. Paradójicamente en el único punto en el cual se había logrado consenso tampoco se ve reflejado en el proyecto, el relacionado con el fortalecimiento de la autonomía de la rama a partir de constituir como norma constitucional una asignación mínima fija y permanente del Presupuesto General de la Nación.

 

¿Cómo se da la injerencia del Ejecutivo en las propuestas?

 

El hecho de que abogados particulares puedan cumplir funciones jurisdiccionales tiene un claro propósito de privatizar la administración de justicia. Atribuir las mismas funciones a los notarios los desnaturaliza  busca sustraerlas de la rama judicial, y si a esto se le agrega la insistencia del Gobierno de atribuir esas mismas funciones al Ministerio de Justicia lo que se completa es un cuadro que sólo pone en evidencia el propósito de debilitar el funcionamiento de la Rama Judicial y de concentrar en el Ejecutivo funciones jurisdiccionales. Debe recordarse que la inspección, la vigilancia y el control de la actividad notarial se encuentran a cargo del Gobierno.

 

¿Como ven la desaparición del Consejo Superior de la judicatura en la iniciativa de reforma?

 

El propósito de eliminar el Consejo Superior de la Judicatura también representa un retroceso en aquellos aspectos de autonomía que la Constitución de 1991 había consagrado para la Rama Judicial, unido al hecho de que el órgano que pretende diseñarse para sustituirlo se formula con la idea de que allí tenga asiento el Gobierno. Eso demuestra, otra vez, una ijerencia clara en los asuntos que debería seguir definiendo de manera autónoma de la Rama.

 

¿Afecta a la Rama que les quiten la elección de Procurador y Contralor?

 

Concentrar en el Gobierno la terna para elegir Procurador evidencia un afán de concentrar en el Ejecutivo más facultades de las que ya tiene. Así incide con mayor claridad en la estructura y hasta en el funcionamiento de organismos de control, quitándole y restándole a la Rama funciones que la Constitución le asignó y venían funcionado adecuadamente.

 

¿No estaban ustedes de acuerdo en desligarse de la elección de funcionarios para despolitizar la justicia?

 

Lo que advertimos es que se le restan facultades a la Rama Judicial para concentrarlas en cabeza del Ejecutivo. Esa alternativa se puede dar siempre que se mantenga un equilibrio adecuado en el sistema de pesos y contrapesos para evitar una concentración excesiva en una de las ramas del poder público, eso puede ser nocivo para un régimen democrático.

 

¿En qué consistiría la veeduría que anuncian?

 

Esa es una alternativa que no se ha decidido aún pero consideramos que es importante contemplar la posibilidad de acudir ante cortes y organismos internacionales y países que se preocupan por la consolidación y el mantenimiento de los regímenes democráticos en el mundo para que puedan examinar con objetividad y serenidad los efectos que pueden tener estas propuestas y conseguir que de ninguna manera se ponga en riesgo el sistema democrático en Colombia.

 

EDITORIAL: DEMOCRACIA EN ACCIÓN

 

Tras un año de infructuoso diálogo, el Gobierno radicó la semana pasada en el Congreso el proyecto de reforma de la Justicia. El acto legislativo no solo implicaría una importante cirugía institucional a esta rama del poder, sino también ocupa de inmediato los primeros lugares en la lista de prioridades de la agenda parlamentaria. Desafortunadamente, este paquete de modificaciones constitucionales ha puesto punto final a las cordiales relaciones que el presidente Juan Manuel Santos se esforzó en mantener con los jerarcas judiciales.

El comunicado conjunto del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia así lo ratifica. Además de calificar el proceso de consenso como "inane" e "innecesario", los magistrados consideran que la iniciativa "amenaza seriamente la institucionalidad" y anuncian el estudio de una "veeduría internacional". Los dos altos tribunales denuncian que el articulado "compromete la separación de poderes y propugna por una mayor concentración de poder en cabeza del Ejecutivo". El tono del mensaje confirma la marcada resistencia de las cabezas del aparato de Justicia del país a que se toquen ciertas facultades, funciones e instituciones.

Si bien las cortes están en todo su derecho de disentir de la propuesta del Gobierno, esta reacción visceral enrarece la sana discusión que debe acompañar un intento de reforma de la Carta Política. El Congreso, como espacio plural y representativo, es el escenario propicio para adelantar los debates de distintos temas de interés nacional, entre ellos la estructura de la administración judicial. La Presidencia de la República goza a su vez de la potestad de interpretar las problemáticas de la rama e inscribir en una iniciativa legislativa sus propuestas de solución a estas. Los entes de Justicia cuentan asimismo con la oportunidad de radicar un proyecto propio y participar así del juego democrático. No se entiende, entonces, que los magistrados consideren que este proceso atenta contra la "institucionalidad" cuando lo que está haciendo es fortalecerla. A menos que las máximas instancias judiciales estén contentas con el actual statu quo. Eso parece transmitir el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Camilo Tarquino, en sus declaraciones a este diario: "La corporación considera que la jsticia está funcionando, que no hay necesidad de reformarla, salvo para fortificarla".

No obstante, el contenido del acto legislativo identifica serios problemas en el diseño institucional y apunta a resolverlos. En materia de tutelas contra sentencias, la administración Santos busca evitar el llamado 'choque de trenes'. Las facultades electorales de los altos tribunales quedarían eliminadas y se instauraría la doble instancia para el juzgamiento de funcionarios aforados. Frente a la congestión judicial y al manejo gerencial del sector, el Gobierno le apuesta a que los notarios funjan como jueces y a la eliminación del polémico Consejo Superior de la Judicatura. Más allá de las ventajas y riesgos de cada una de estas reformas, se trata de un proyecto sensato, focalizado y que amerita una discusión amplia, profunda y de cara a la sociedad.

Discusión que se contamina si los magistrados levantan mantos de duda sobre la legitimidad del Congreso de la República para cumplir con su doble función de legislar y de servir de foro de la diversidad de opiniones. Que los ritmos, las reglas y los criterios de toma de decisiones difieren entre un tribunal de Justicia y un cuerpo de representantes elegidos popularmente es uno de los cimientos fundamentales del sistema democrático contemporáneo. Lo mínimo que se espera de los guardianes de la ley es el respeto por esas diferencias.

 

¿ASOMA UNA CONSTITUYENTE?

 

Por: Mauricio Vargas

 

El Congreso está atemorizado y no va a ser capaz de votar la reforma de la Justicia, que rechazan las cortes.

 

El Gobierno propuso cambios, pero, según el Ejecutivo, los altos tribunales no hicieron lo propio.

Hace meses, cuando el Gobierno buscaba un consenso con y entre las altas cortes para sacar adelante la reforma de la Justicia, me atreví a poner en duda que lo lograra. En medio de las venias que el presidente Juan Manuel Santos y su ministro de Interior y Justicia, Germán Vargas, les hacían a las cortes para mejorar el clima heredado del gobierno de Álvaro Uribe, planteé que, aun así, ese consenso iba a ser imposible: para poner un solo ejemplo, lo que le gusta a la Corte Constitucional -la tutela, incluso contra sentencias judiciales- les desagrada a la Corte Suprema y al Consejo de Estado.

La búsqueda de acuerdos continuó durante meses, sin un solo avance. El Gobierno propuso varios cambios, pero, según la queja del Ejecutivo, los altos tribunales no hicieron lo propio. La Corte Constitucional expuso un argumento para mantenerse al margen: como le corresponderá revisar la exequibilidad del proceso, sus magistrados no podían tomar partido previo. En cuanto a la Suprema y al Consejo de Estado, dice el Gobierno, no hubo una sola propuesta concreta.

Por esa razón, y aún antes de que tomara posesión el nuevo ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, Vargas obtuvo la aprobación de Santos para presentar el proyecto, sin haber alcanzado acuerdo alguno con las cortes. Quién dijo miedo. Los voceros de la Suprema y del Consejo de Estado emitieron un duro comunicado el jueves, en el que acusaron al Gobierno de afectar "seriamente el régimen democrático" y comprometer "la separación de poderes" con las propuestas del proyecto.

Incluso, viejos defensores de las altas cortes consideran que el comunicado fue desproporcionado. Quitarles algunas competencias nominadoras a los altos tribunales, que por demás no les han sentado bien y los han politizado, no amenaza la democracia. Mantener la tutela contra sentencias, cuidando que solo puedan resolverlas las salas plenas de las altas cortes, tampoco. Que los notarios y los centros de conciliación puedan asumir funciones judiciales para descongestionar los atestados juzgados, es una medida válida. Eliminar el Consejo Superior de la Judicatura es algo sobre lo cual casi todos los expertos están de acuerdo. Y que la Fiscalía investigue y la Suprema juzgue a los congresistas y otros aforados es una elemental garantía del sistema acusatorio. También tiene mucho sentido la norma que descongestiona el despacho de la Fiscal General, cargado de excesivas competencias indelegables.

Ahora, ¿esa reforma resuelve la grave crisis de la Justicia? Tal vez no, pero contiene elementos que apuntan en la dirección correcta. Hay otras cosas por hacer, como lo han reconocido Santos y Vargas. Pero esa es otra discusión. La que plantean las cortes, que incluso dijeron que pensaban pedir una veeduría internacional para el proceso de aprobación de la reforma, es la que no tiene sentido. Si no les gusta el proyecto del Gobierno, lleven al Congreso sus propuestas, de manera concreta, si es que consiguen entre ellas un mínimo acuerdo. Así funciona la democracia. Pero no hay que hacerse ilusiones. El comunicado de la Suprema y del Consejo de Estado ya atemorizó a muchos congresistas. La Corte Suprema decide su suerte penal. Y el Consejo de Estado juzga las pérdidas de investidura de los parlamentarios. De modo que no veo a las mayorías del Capitolio jugarse contra esos dos altos tribunales. La reforma cambia 26 artículos de la Constitución, y requiere ocho debates en las cámaras. Mi apuesta es que naufragará y que, mientras se hunde, surgirán propuestas para una Asamblea Constituyente. Porque, para bien o para mal, fue la Constituyente de hace 20 años la única que pudo sacar adelante una primera reforma de la Justicia. Ojo: no digo que la Constituyente sea la solución, pero la veo asomar.

 

EL ESPECTADOR

 

ANTE RECOMENDACIÓN DE COMISIÓN ASESORA PARA EL DISEÑO DE LA POLÍTICA CRIMINAL

 

Gobierno no acompañaría referendo de cadena perpetua

El proyecto está en su recta final en el Congreso. La Comisión lo califica como "populista" y de "demagogia punitiva".

El proyecto de referendo sobre cadena perpetua para asesinos y violadores de menores de 14 años no contaría con la ‘bendición’ del Gobierno y, siendo así, su aprobación en el Congreso —donde sólo le restan dos debates, en Comisión Primera y Plenaria de la Cámara de Representantes— queda en entredicho. ¿La razón? El Consejo Superior de Política Criminal y Penitenciaria considera que es una iniciativa “inviable”, que representa una forma de “populismo” o “demagogia punitiva” y que “no resuelve los problemas de fondo de impunidad, reducción del delito y resocialización de estos criminales”. Además, puede “agravar las dificultades del sistema penal, como el hacinamiento carcelario”.

La decisión tendría como sustento un informe de 38 páginas presentado al Ejecutivo por parte de la Comisión Asesora para el Diseño de la Política Criminal del Estado Colombiano —que está integrada por juristas de la talla de Iván González, Yesid Reyes y Rodrigo Uprimny, entre otros—, que básicamente expone la improcedencia del referendo y de la aplicación de la cadena perpetua en el ordenamiento jurídico-penal del país.

El Espectador tuvo acceso a dicho informe, titulado “Observaciones de la Comisión Asesora para el Diseño de la Política Criminal del Estado Colombiano a la iniciativa sobre la imposición de cadena perpetua a ciertos delitos realizados contra menores”, el cual fue expuesto la semana pasada al Gobierno, que habría decidido acoger los planteamientos allí consignados en materia de los inconvenientes tanto de fondo como de forma que tiene la propuesta de referendo.

Uno de los argumentos que más llaman la atención tiene que ver con lo que los expertos de la Comisión han denominado “populismo o demagogia punitiva”. Señala el informe que se corren riesgos cuando se legisla emocionalmente y “estas medidas suelen ser bastante populares a nivel de la opinión pública y dan buenos réditos políticos a quienes las defienden, pero no sólo tienen una eficacia limitada y discutible para prevenir los crímenes, sino que pueden agravar muchos de los problemas del sistema penal”.

En diálogo con este diario, Yesid Reyes, vicepresidente de la Comisión Asesora, explicó que “la condena de cadena perpetua va en contra del ordenamiento jurídico y constitucional de Colombia y desconoce que existen diversas posibilidades de resocialización de las personas privadas de la libertad”. Con ese mismo argumento, en el informe se afirma que si el problema es que un violador de menores no puede controlar sus impulsos, se trataría de un problema médico, sicológico o incluso psiquiátrico, y en ese caso la condena no debería ser en un centro penitenciario, sino en una entidad en la que se le pueda realizar una tratamiento adecuado.

La Comisión aclara que comparte la preocupación sobre la gravedad de la violencia, tanto física como síquica y sexual que hoy padecen muchos menores edad en el país. Asimismo, se muestra preocupada porque, al decir de muchos analistas, funcionarios y representantes de las fuerzas políticas, la gran mayoría de esos crímenes quedan en la impunidad. Sólo que, según su criterio, la iniciativa de cadena perpetua “no avanza en la mejor dirección y se torna en altamente inconveniente, amén de inconstitucional”.

Asimismo, señalan que el Congreso —como cuerpo representativo que es— no debe limitarse a ser un mero notario forzado a tramitar toda iniciativa popular. “Por el contrario, en el marco de la democracia representativa a él le corresponde deliberar y discutir la iniciativa y, si encuentra que ella es inconveniente, injusta o inconstitucional, debe proceder a rechazarla y ordenar su archivo”.

En materia de derecho internacional, explica Yesid Reyes, no se puede pretender tampoco hacer comparaciones a medias con las normas de otros países. “Ellos (quienes impulsan el referendo) exponen que en Alemania e Inglaterra existe la cadena perpetua, pero, en la práctica, quienes reciben esta condena, a los 12 ó 15 años quedan en libertad porque ya fueron resocializados”.

 

Pero además de las razones de fondo están las de forma. Para la Comisión, la iniciativa legislativa “está atravesada por una profunda paradoja que conduce a su inexequibilidad y es la siguiente: si la propuesta se aprueba conforme al texto con el cual fueron recogidas las firmas, entonces el mandato que de allí surge es el de imponer automáticamente la cadena perpetua para todos esos delitos y, en ese caso, es clarísimo que el proyecto transgrede principios medulares del Estado de Derecho (como los de dignidad de la persona humana, igualdad, proporcionalidad, gradualidad de las penas, del acto, culpabilidad, lesividad, autonomía y libertad de las personas; y, añádase, la capacidad de resocializarse del ser humano), por lo cual equivale a una sustitución de la Constitución”.

Y agrega: “Pero si el órgano legislativo intenta reducir su irracionalidad, previendo que la cadena perpetua sea un límite posible para algunos casos pero que no se aplica de manera automática a esos delitos, entonces se desconoce el procedimiento propio de los referendos constitucionales de iniciativa popular, pues se altera el texto con base en el cual fueron recogidas las firmas (y dicho sea de paso, sin corregir verdaderamente la irracionalidad de la medida). Por ambas vías, entonces, la conclusión que se impone es que este proyecto de ley debe ser archivado por inconstitucional”.

El Espectador buscó conocer la posición sobre el informe de la senadora Gilma Jiménez, principal impulsora del referendo de cadena perpetua en el Congreso, pero no fue posible contactarla. Sin embargo, en una reciente entrevista con este diario, expresó su temor sobre “caer en el escenario de justificar lo injustificable”, señalando que cuando a los violadores se los gradúa de enfermos, de entrada los están justificando. “Cualquier país del mundo, cualquier sociedad que no convierta a sus niños en su principal capital social, es un país que está condenado a desaparecer. Es un asunto más de fondo que la sola violencia. Tiene un elemento moral, pero también de sostenibilidad de país (...) Pensemos en función de los niños, no de ellos”, concluyó.

 

La Comisión Asesora

 

Fue creada por el Ministerio del Interior y de Justicia,  mediante Resolución 0286 del 15 de febrero de 2011, con el propósito esencial de que elabore y presente un documento que contenga los lineamentos de política criminal, labor que ha venido cumpliendo. Excepcionalmente, y a pedido del Ministerio, dicho organismo estudia proyectos en curso y formula recomendaciones al respecto, como lo ha hecho con este análisis sobre el proyecto de referendo sobre cadena perpetua.

 

SIGUE POLÉMICA ENTRE MINISTERIO PÚBLICO Y ALTO TRIBUNAL

 

Sería abusivo ignorar objeción de conciencia frente al aborto: procurador

Como una tiranía constitucional calificó el procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado,el escenario en el cual se obligue a la ciudadanía a cumplir órdenes de la Corte como la de contribuir a labores pedagógicas frente a la práctica del aborto cuando sus convicciones morales o religiosas se lo impiden.

Para el jefe del Ministerio Público, la jurisprudencia constitucional en materia de objeción de conciencia ha sido amplia y reiterativa, por ejemplo, frente a la prestación del servicio militar obligatorio, pero no así frente a la interrupción voluntaria del embarazo.

“Curiosamente, en Colombia, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido progresiva en esas materias (servicio militar), pero en materia de objeción de conciencia respecto al aborto ha sido restrictiva”, sostuvo.

Manifestó que son los colombianos quienes, finalmente, están llamados a cumplir estas directrices, pero que, frente a la particularidad de las exigencias, podrían verse perjudicadas sus garantías fundamentales.

“Se ordenan campañas, pero estas también las reciben los colombianos y ellos tienen derecho a proteger su conciencia. Si eso no es así, estaríamos en una pavorosa tiranía de carácter constitucional”, reflexionó.

 

El jefe del organismo de control dijo que el país debe entender, además, que este procedimiento quirúrgico sigue siendo un delito, según la Ley Penal vigente, y que lo que hizo la Corte a través de la sentencia C-355 de 2006 fue dejar sin efectos sancionatorios su práctica sólo en algunos casos.

Ordóñez Maldonado manifestó que, personalmente, no está ni ha estado de acuerdo con la práctica del aborto, pero que no puede desconocer la decisión autónoma y legítima de la Corte Constitucional de despenalizarlo en tres circunstancias específicas, por cuanto acata y cumple todas las disposiciones que en ese sentido emita el alto tribunal.

Cabe recordar que, para la Corte Constitucional, no hay lugar a sanción penal cuando la interrupción voluntaria del embarazo se produce a consecuencia de una violación o se comprueba que hay riesgo latente que amenace la salud o vida de la madre o del bebé de manera irreparabale.

 

EDITORIAL

EN MANOS DEL CONGRESO

 

No se ha dado un inicio formal del debate sobre la reforma a la justicia (presentada por el Gobierno el pasado jueves) y ya existe una fuerte discusión alrededor del tema.

Peleas que trascienden a lo político y se van a otros niveles, como el académico, el técnico o el social; y es claro, a todo el mundo le interesa una justicia mejor administrada. El Gobierno asegura que para ello hace falta reformar 25 artículos de la Constitución Política, que de una forma u otra obstruyen la mejora a las condiciones de la rama.

El proyecto de acto legislativo modificó todo. Desde aspectos necesarios, como la oportuna regulación del tema de la tutela contra providencias judiciales —dolor profundo de cabeza para las tres cortes—, hasta otros muy polémicos, como la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura y su eventual transformación en un consejo integrado por magistrados de las otras tres altas corporaciones.

La reforma no les sentó bien a los miembros de la rama. Consejo de Estado y Corte Suprema manifestaron su preocupación frente al proyecto, puesto que a su juicio muchos puntos de la reforma, como la imposibilidad de nominar procurador o de investigar a los congresistas que incurran en delitos, les restan autonomía y los debilitan. Afirman que después de diez meses de infructuosas discusiones con algunos miembros del Ministerio de Interior y de Justicia, no se lograron acuerdos fundamentales sobre lo que se necesita en aras de una mejor y más eficaz administración de justicia.

Ante esto, las cortes comunicaron a la opinión pública que están en desacuerdo con la reforma, por representar ésta un debilitamiento de la Rama Judicial y, por ende, un problema para la democracia. El Gobierno se muestra sorprendido y dice que no entiende cómo puede atentarse contra la independencia de los jueces, si todas las modificaciones apuntan a su fortalecimiento. Para saber si esto es o no cierto, hay que esperar la evaluación del contenido sustancial del articulado.

Muchos expertos ya están hablando. Gloria María Borrero, directora de la Corporación por la Excelencia en la Justicia, quien apoya en principio el proyecto, afirma también que la apuesta por la descongestión no se resuelve con la propuesta del Gobierno: asignando más de dos millones de procesos a abogados particulares que estén en ejercicio. Y tiene razón. Muchas preguntas surgen del tema, siendo, tan sólo uno de los 25: ¿Cómo y bajo qué criterios se escoge al juez de la causa? ¿Sí puede un abogado cualquiera llevar un proceso judicial hasta su fin?

Es en estos pequeños detalles en los que hay que fijarse. Todas las propuestas del gobierno Santos, que a grandes rasgos son necesarias y representan cambios fundamentales para Colombia, deben ser examinadas con lupa. Nada peor para el país que un Congreso aprobando a pupitrazo una reforma de esta envergadura. ¿Y si las Cortes, a la larga, tienen razón? ¿Sería posible que con el acto legislativo se le reste a su autonomía? Santos le dio toda la responsabilidad al Congreso y pidió abiertamente un debate serio. Si esto se toma más allá del mero discurso político, una interesante reforma a la justicia podría salir por fin (ya se ha intentado en cinco ocasiones previas). No es sólo cuestión de discutir el proyecto en Senado y Cámara siguiendo la ritualidad del reglamento, sino oír a jueces, magistrados, miembros de la academia y otros sectores posiblemente afectados, que conocen de cerca la realidad del día a día. Es responsabilidad también de las cortes hacerse sentir en esta discusión, presentar propuestas nuevas y establecer rigurosamente los argumentos que tienen en contra de la reforma. No hay que hacerle caso al aparente afán del Gobierno, porque está en juego nada menos que todo el esquema constitucional de administración de justicia.

 

INMUNIDAD Y REFORMA A LA JUSTICIA: UN PULSO DE TRES

 

Por: Luis Carvajal Basto

 

El Gobierno, el Congreso y la Rama Judicial se jugaran a fondo en la próxima legislatura. La propuesta de restablecer la inmunidad parlamentaria, aunque se anuncie su retiro, es un anticipo del clima que se vivirá en el Congreso.

La inmunidad parlamentaria es una figura que defiende a los miembros de los  órganos legislativos de abusos o desbordamientos en que incurren los gobiernos en diferentes partes del mundo, generalmente, contra miembros de partidos opositores.

La inmunidad  puede ser, en algunos periodos, una necesidad  de la democracia  que, sin embargo, tiene en todas partes  prerrequisitos claramente establecidos como el respeto por los derechos, la Ley, y la consolidación de las instituciones. Tratándose  de un debate centenario, existe suficiente ilustración y consenso acerca de que no se puede utilizar para evitar juicios en casos de corrupción, convirtiendo a los Congresos en refugio de bandidos.

En nuestro país el Congreso perdió la inmunidad precisamente por esas razones y no parece que luego de 1991, de los sucesivos casos de corrupción, podamos decir que doblamos la página y la restablecemos.

Ello no quiere decir que el actual Congreso sea igual a los anteriores pero tampoco que corrupción, parapolítica  y  narcotráfico sean episodios cerrados. Llama la atención que, en este caso, sea  el Presidente del Congreso, miembro del Partido Conservador  y de la coalición de gobierno, quien ha asumido la vocería de sectores  que se manifiestan “asustados” y” amedrentados”.

Está claro que luego del desfile de congresistas por tribunales y cárceles resulta apenas natural que soliciten garantías, de la misma manera que la sociedad las exige sobre sus conductas .Estas no se refieren a su ejercicio político sino  a las que otorgue el sistema Judicial. Si el proyecto de reforma a la Justicia contempla que  la sala penal de la Corte Suprema  actuará en dos instancias al juzgarles, se debe interpretar la solicitud de restablecer la inmunidad como una primera reacción de temor o insatisfacción.

Nadie puede decir que  en Colombia  el gobierno persiga al Congreso y menos cuando el Ministerio del ramo queda en manos  de un académico y Humanista a toda prueba. El ruido proviene claramente de una prevención acerca de la politización de la rama judicial y una ruptura del equilibrio con el Legislativo que puede ser corregida.

Pero en este caso hay que decir que los antecedentes no juegan a favor de las pretensiones de este sector de congresistas  y tampoco le ayuda su alicaído prestigio ante la opinión. ¿Quién ha sido responsable de que la comisión de acusaciones no funcione de manera adecuada? ¿Quien de las conductas de sus miembros? .Si el Congreso se hubiera propuesto auto destruirse  no podía actuar mejor que como lo hizo en  periodos que, desafortunadamente, todavía no podemos declarar superados.

De otra parte, el proyecto de reforma a la Justicia se ocupa de asuntos que el país no se puede dar el lujo de aplazar. La nominación de magistrados por las mismas cortes que los elegirán  no parece afectar sino reafirmar la independencia de la rama; Tampoco, dejar en manos de la Contraloría general la postulación de candidatos a las  contralorías territoriales, luego de lo ocurrido en Bogotá. La reglamentación  elemental de la tutela es una necesidad sentida del sector y no se entiende la prevención  con la propuesta de descongestionar los despachos judiciales valiéndose de personas de reconocido prestigio que temporalmente apoyen a la Justicia, como los notarios. Vale recordar la manera cómo actúan jurados en países como los Estados Unidos.

En el pulso que se viene los tres poderes tendrán que poner su parte con equilibrio y respeto mutuo, partiendo del principio según el cual dejar las cosas como si tal, el statu quo, no se ajusta a la realidad de la Colombia que tenemos y muchísimo menos a la que debemos ser capaces de construir. Pero no debemos olvidar que en los  inevitables choques de trenes que se avecinan, o comenzaron ya, el Gobierno es casi neutral y el Congreso “juega de local”.

 

EL SENADOR DEL MOTEL Y LA DOBLE MORAL

 

Por: María Elvira Bonilla

 

La cruzada del senador José Darío Salazar contra el aborto dio sus primeros frutos: cinco millones de firmas para intentar reversar el derecho de las mujeres colombianas a decidir sobre su propio cuerpo. Amparadas en el fallo de la Corte Constitucional pueden hacerlo en tres situaciones muy concretas: cuando el embarazo sea producto de una violación, exista malformación del feto o la madre corra peligro de muerte.

Para Salazar, ninguno de estos dramáticos escenarios es válido. Es más, habla del abuso de la práctica bajo el amparo de la actual legislación. Olvida que ninguna mujer busca el aborto activamente y que abortar, como lo testifican miles de ellas, puede ser una de las experiencias más devastadoras en la vida de la mujer que se vea obligada a hacerlo, cualquiera que sea la causa.

Acudió a la religión, mejor decir a la moral, y a la ignorancia con que equivocadamente se intenta criminalizar el “yo decido”, para movilizar las bases y la cúpula del Partido Conservador. El fanatismo llevó al senador Salazar a defender, en una entrevista radial, hasta los embarazos producto de las violaciones y se atrevió a decir que como se trataba de un hijo no deseado que entendía que le sería difícil aceptarlo a la mujer violentada, recomendaba tenerlo y entregarlo en adopción. Al fin y al cabo eran muchas las parejas en el mundo que buscaban niños rechazados por sus madres para adoptarlos. La periodista española de La W no daba crédito a las palabras de Salazar. Yo tampoco.

Resulta que este mismo congresista, adalid de la moral pública, que pontifica y legisla en nombre de las mujeres, está investigado por la Corte Suprema de justicia por haberse hecho a un motel en Cali, en condición de depositario de la Dirección Nacional de Estupefacientes. Lo obtuvo por medio de la resolución 1037 del 10 de agosto de 2009, cuando su copartidario Carlos Albornoz era director de la DNE. Se trata de las Residencias Las Pirámides, un motel que le perteneció al narcotraficante Hélmer ‘Pacho’ Herrera, que pasó a manos de la DNE y luego, según los indicios de la Corte, por intermediación de Salazar a las de su primo Javier Salazar Paz. Falta ver cuál pudo ser la retribución que obtuvo el senador por la gestión del motel, un negocio que se lucra del sexo como goce, donde se debe haber concebido más de un niño no deseado, cuyo destino lo tiene trazado el ilustre presidente del Partido Conservador colombiano. ¿Qué pensarán del negocio sus aliadas antiaborto, las distintas iglesias?

Pero Salazar no se queda allí. Se opone también vehementemente al matrimonio entre parejas gays y a la adopción por ellas de niños. Está decidido a impedir que los avances constitucionales asociados al libre desarrollo de la personalidad hagan carrera en el país. Son voces que llegan de las cavernas y que tristemente tienen eco en medio de la ignorancia y el sectarismo que nos carcome. Razón tiene el senador, también conservador, Juan Mario Laserna, cuando dice que la ley no puede invadir ni sustituir la conciencia individual de la mujer. Somos nosotras las únicas que debemos decidir, así le moleste al ilustre padre de la patria.

 

EL NUEVO SIGLO

 

LA CONTRARREFORMA

 

La reforma a la Justicia del presidente Juan Manuel Santos, a diferencia de muchas iniciativas en otros campos, es contradictoria y regresiva. Uno de los grandes avances de la Constitución vigente fue, precisamente, las modificaciones a la Justicia. Todo ello, de repente, está quedando en entredicho. Los cambios presentados, además sin la concertación prometida, suenan a una contrarreforma y una regresión a antes de 1991. Y no está bien que eso ocurra en un Gobierno cuya pretensión es avanzar hacia la reinstitucionalización nacional y reinserción en el concierto internacional.

 

Una de las modificaciones está en la participación de los máximos órganos jurisdiccionales en la nominación y elección de las autoridades de control fiscal y sanción disciplinaria. Todo ello precisamente cuando, por el contrario, hoy más que nunca son ampliamente reconocidas, tanto en Colombia como en el exterior, las actividades que vienen adelantando la contralora, Sandra Morelli, y el procurador, Alejandro Ordóñez. Circunstancias que, además, han encontrado acicate en la convocatoria que les ha hecho el mismo Santos, sumada la fiscal Vivianne Morales, para combatir armónica y conjuntamente, sin trasvasar competencias, el flagelo de la corrupción, de suerte que está más que comprobada, en la práctica, la sana colaboración entre las enti-dades. ¿Cuál la razón para cambiar lo que se ha demostrado bueno y exitoso? ¿Será un autogol que quieren meter al Presi-dente? Y así ocurre, también, con el regreso a la cooptación, que fue uno de los grandes malestares por los cuales se dio la Consti-tuyente, pues a través de esa figura se presentaban bloqueos ju-risprudenciales lesivos a la modernización colombiana.

Pero donde está el grueso de la reforma no es allí, ni tampoco en los ajustes de la tutela, inclusive ya puestos en marcha a partir de resoluciones internas, o en la descongestión judicial a través de notarios o similares, que es una idea de hace décadas no fructificada por la excesiva delegación en particulares. Ni siquiera en la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura, que no requiere abolirse, sino simplemente hacer más exigentes los requerimientos e idoneidad para ser magistrado como se presupuestaba desde la Constituyente para tener allí lo más gra-nado de la magistratura. No. La reforma, en realidad, a lo que apunta es a quitar de la Justicia exposición, capacidades y control sobre los congresistas, que por lo demás nada tiene que ver con el ciudadano de a pie y las verdaderas necesidades.

Ya está visto, como norte de la legislatura, que se inició la re-belión con el intento de reimponer la inmunidad parlamentaria, lo que causó un estruendo general en la opinión pública. Y ahora se llega a un llano similar modificando la pérdida de la investidura, en el Consejo de Estado, y quitando a la Corte Suprema de Justicia los atributos de investigar a los parlamentarios.  En cuanto a lo primero, una y otra vez el Consejo de Estado ha mostrado plena sindéresis en sancionar o exonerar a decenas de congresistas sin necesidad de enredar y embrollar con nuevos procedimientos. Y en cuanto a la Corte, se quiere quitar el fuero parlamentario, que no es una garantía para ellos sino para la sociedad, y pasarlo a la Fiscalía cuando por la congestión de casos no da ni siquiera abasto con lo que ya tiene. Es decir, generar dilaciones y rémoras, así ello solamente sea sobre los delitos desde la vigencia de la reforma en adelante. ¿Y qué pasará, en todo caso, con el principio de favorabilidad penal en la contradicción de los procedimientos?

Los cambios son, pues, una contrarreforma para comprometer los avances. Los congresistas se irán de bruces a aprobarla como pan en la puerta de una escuela, sobre todo en lo atinente a ellos. Y la Unidad Nacional quedará a salvo sólo a semejante precio. ¿Será que el Presidente se seguirá jugando por lo que traerá un lastre a su gobierno, ni siquiera sufragado con la Ley de Víctimas, y le granjeará vicisitudes internacionales a granel?

 

CONGRESO TOMA DISTANCIA CON RESPECTO A ELIMINACIÓN TOTAL DE LA JUDICATURA

 

El debate del controversial proyecto de reforma a la justicia ya llegó al Congreso. En momentos en que se espera la definición de ponentes de la iniciativa, ya hay temas que allí causan polémica. Uno de ellos, que ha sido ampliamente criticado por las altas Cortes, es el de la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura.

El senador del Partido de La U, Roy Barreras, le señaló a EL NUEVO SIGLO que hay que quitarle la función al Consejo Superior de la Judicatura de revisar sentencias de las otras Cortes, pero advirtió que hay que revisar con lupa su supresión total.

“Hay que eliminar el choque de trenes, incluyendo la supresión de la potestad que tiene la Judicatura para dirimir tutelas contra los fallos de las Cortes, para mí eso es un inconveniente ya que ha generado una vía de escape a los fallos de las Cortes, y me parece que la Judicatura no tiene por qué ser Corte de cierre. Hay que mirar en detalle la propuesta del Gobierno, porque ha tenido muchas críticas, y hay que examinar si lo que propone el Gobierno es mejor que lo que hoy tenemos, porque no tendría mucho sentido cambiar para empeorar”, afirmó.

El codirector de Cambio Radical, Antonio Guerra, afirmó que es partidario más de su reingeniería que a su eliminación.

“Yo preferiría que se hiciera una reingeniería a su interior, y creo que ya hay unos pasos que han avanzado en ese sentido, lo cual, espero en que se puedan concretar los diálogos y los debates en el Congreso de la República, pero yo no sería partidario de acabarla del todo, sino racionalizarla”, le aseguró a este Diario.

El representante conservador Telésforo Pedraza aseguró que no se pueden suprimir todas las funciones del alto Consejo: “Tenemos que revisar ese tema con mucho cuidado, porque ahí hay elementos que han contribuido de alguna manera a quitarle prestigio a esa institución, pero hay unas funciones que de la noche a la mañana no se pueden dejar al garete”.

El senador liberal Juan Manuel Galán, aunque le dijo a este Diario que el Consejo de la Judicatura no encaja dentro del poder judicial, no indicó si se debe eliminar: “Hay que analizar el papel del Consejo Superior de la Judicatura, que realmente no encaja muy bien en el poder judicial, porque hay un choque de trenes entre su Sala Administrativa, su Sala Disciplinaria, y si uno mira su nivel, se ha venido a menos en los últimos tiempos, en cuanto a sus magistrados, sus calidades, eso hay que analizarlo a la luz de la reforma que se busca aprobar y de objetivos que se persiguen con ella, que son fundamentalmente independencia para la justicia y autonomía, acceso del ciudadano a la justicia”.

El senador del Polo Democrático, Luis Carlos Avellaneda, se mostró más partidario de eliminar algunas funciones del alto Tribunal como el origen político de los magistrados de la Sala Disciplinaria.

“El Consejo Superior de la Judicatura tiene muchos defectos. Su origen politizado, ha llevado a politizar la justicia, cuando quiera que la Judicatura ejerce funciones jurisdiccionales, y ha ensombrecido muchísimo la labor de la justicia, que debe estar acompañada del principio de la imparcialidad y de otorgar los derechos a los ciudadanos. El Consejo Superior de la Judicatura necesita una reingeniería”, le manifestó Avellaneda a este Diario.

La propuesta del Gobierno es eliminar el Consejo Superior de la Judicatura para que las funciones de administración de la Rama Judicial serán asumidas por el Consejo Superior Judicial, cuya Sala de Gobierno estará integrada por 10 miembros, siete de los cuales tendrán derecho a voz y voto.

Los siete que tendrán derecho a voz y voto serán los presidentes de las Altas Cortes (Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado), los tres delegados no magistrados de las Altas Cortes expertos en administración o finanzas públicas, y el delegado de jueces y magistrados.

Harán parte también del Consejo Superior Judicial, con voz pero sin voto, el Ministro de Justicia, el Fiscal General y el Gerente de la Rama Judicial.

 

EN TORNO DEL DEBATE SOBRE LA FAMILIA

 

POR:CARLOS ALFONSO VELÁSQUEZ

 

LA  familia es un vínculo que responde a la naturaleza social del ser humano. Por esta razón es una institución que existe mucho antes que el Estado tanto en el orden cronológico como en el social y ontológico. Es más, la familia -fundamento sobre el que se construye la sociedad- es anterior al matrimonio que se institucionalizó precisamente para preservar las familias. Así las cosas, no es el Estado el llamado a crear, y menos a tratar de reconfigurar la familia, su papel se debe limitar a reconocerla otorgándole ropaje jurídico protector.

Ahora bien, es evidente que la unión entre hombre y mujer es el único vínculo que puede generar nuevos seres humanos imprescindibles para que existan familias y sociedades. Por esto, el fin del reconocimiento jurídico del matrimonio más que garantizar los derechos de los cónyuges, es coadyuvar en la protección de los hijos puesto que si no se protegieran y educaran, no habría nuevas generaciones de ciudadanos.

 

Hasta hace poco, el Estado colombiano propendía por proteger el vínculo matrimonial y las familias para alcanzar un bien común para la sociedad: mejores ciudadanos. Pero últimamente ese criterio se ha desdibujado con altos costos sociales. Por ejemplo, está comprobado que gran parte de la raíz de la delincuencia, drogadicción o alcoholismo en los adolescentes se encuentra en familias disfuncionales, también los embarazos adolescentes y la violación de menores.

Por otra parte, el que se haya descuidado el criterio de proteger el vínculo matrimonial, ha facilitado que se deshagan más y más matrimonios afectando obviamente las familias. Pero como el ser parte de una familia es una necesidad antropológica básica, han ido apareciendo familias como las monoparentales. Así las cosas hoy nos vemos en la necesidad de que el debate sobre la familia se enfoque más en su funcionalidad que en su conformación.

Y ¿qué es una familia funcional? Aquella que realiza lo que la sociedad espera de ella. Es decir, por una parte vivir la “equidad generacional”, esto es la combinación de afectos, cuidados y equilibrios entre actividad laboral, servicio e inactividad forzosa que intercambian entre sí sus miembros. Por otra, “transmitir la cultura”, no solo la lengua, también la higiene, las costumbres y las formas de relación legitimadas socialmente. Además se espera que efectúe cierto “control social” sobre sus miembros evitando la proliferación de conductas socialmente desviadas. Como se puede ver las funciones que la sociedad espera de la familia tienen su base en los hijos (biológicos o adoptados).

Las sociedades son mejores o peores en la medida en que tengan familias más o menos funcionales. Por esto una de las tareas importantes del Estado es velar por el sujeto familiar para que siga cumpliendo sus funciones de acuerdo con las circunstancias cambiantes. Y contra esto iría el colocar la unión entre personas del mismo sexo en el nivel de familia puesto que al no poder ni engendrar ni adoptar hijos, no podrían ser familias funcionales.

 

REVISTA SEMANA

 

“CONGESTIÓN JUDICIAL NO REPRESENTA NI SIQUIERA EL 10% DE LOS PROBLEMAS DE LA JUSTICIA

 

”Por César Paredes, periodista de Semana.com

 

La directora de la Corporación Excelencia en la Justicia, Gloria Maria Borrero, advirtió que si fracasa la reforma a la Justicia se abriría espacio a una asamblea constituyente.

La directora de la Corporación Excelencia en la Justicia, Gloria María Borrero, le tomó el pulso a la reforma a la Justicia. En entrevista con Semana.com la analista, quien ha estudiado los problemas de congestión judicial y ha hecho recomendaciones sobre la iniciativa, dio cuenta de los más y los menos, que en su criterio, tiene el proyecto propuesto por el Gobierno.

 

Semana.com: ¿Cuál es su opinión sobre la propuesta del Gobierno de regular la tutela?

 

Gloria María Borrero: A la Corporación le gusta. Creo que era necesario, porque se deben regular las cosas para que haya mayor claridad. Creo que las cortes tienen un malestar en ese aspecto, al igual que lo tenían con el presidente Álvaro Uribe.

 

Semana.com: ¿Pero la propuesta no restringe en acceso a la tutela?

 

G.M.B.: No lo creo. Se está regulando que la tutela sea usada contra sentencias (una situación que causa los denominados ‘choques de trenes’) que es donde se han presentado más inconvenientes. Pero, uno no puede desconocer una realidad y es que los colombianos abusamos de la tutela. Ojalá hubiera sido más estricto el reglamento.

 

Semana.com: El presidente del Congreso, Juan Manuel Corzo, hizo unas declaraciones fuertes el día de su posesión. Dijo que la Corte Constitucional estaba legislando. Además defiende la inmunidad parlamentaria. ¿Cómo ve el ambiente político para impulsar esta reforma?

 

G.M.B.: Complicado. Creo que este es el principal reto que tiene el presidente Santos. Creo que hubiera sido muy positivo que la reforma se hubiera presentado como La Ley de Tierras, que fue radicada por el propio presidente. Eso hubiera enviado un mensaje de la importancia que tiene el proyecto para el país, porque si se complica, pasa lo que pasó durante el gobierno de Uribe: cinco veces se retiró el proyecto. Si se retira, se abriría el campo a lo que ya han sugerido unas voces: una asamblea constituyente.

 

Semana.com: ¿Pero convocar a una asamblea constituyente sólo para reformar la justicia no suena temerario?

 

G.MB.: A mí no me gusta. Para eso está el Congreso y una asamblea constituyente deslegitimaría aún más al Legislativo. Pero no seamos pájaros de mal agüero. Ojalá nos permitan dar el debate, que no llegue la Unidad Nacional y pase por encima. Afortunadamente son dos años de discusión.

 

Semana.com: El gobierno ha vendido el proyecto como una salida para descongestionar la justicia. ¿En su criterio, sí cumple ese propósito?

 

G.M.B.: No tiene esa pretensión, porque lo que agiliza la justicia son otros elementos. El ministro dice que le va a entregar 2’500.000 procesos a particulares, abogados que tendrán funciones jurisdiccionales para descongestionar el atascamiento. Esa es una falacia, un cuento mentiroso. Es una salida coyuntural, reactiva, que tiene muchos peligros.

 

Semana.com: ¿Por qué?

 

G.M.B.: La Corporación Excelencia en la Justicia ha analizado el problema de la congestión, conoce sus causas. La congestión de la que se habla no es importante. En un proyecto piloto sobre la congestión en Bogotá hicimos un análisis de los procesos.

 

Sólo con la figura de la perención o desistimiento tácito, que consiste en que después de un período sin avances se da por concluido un proceso, se puede impactar el índice de cumplimiento de solución de los procesos. Teníamos preocupación de que se revivieran procesos que estaban muertos y que se inflaran los inventarios. Pero no, de 8.120 se archivaron 6.431 y solo se reactivaron 111 procesos. El 1,37 por ciento. Eso quiere decir que a las partes no les interesa seguir con esas demandas.

 

Semana.com: Entonces, ¿de qué congestión se habla?

 

G.M.B.: lo que hemos advertido es que los procesos recientes se mueven y salen rápido. Los 2’500.000 casos son los que no se mueven. Pero eso ocurre porque la gente abusa del sistema. La mayor parte de las demandas están en la parte civil, más del 40 por ciento de la congestión. Son demandas que se han interpuesto por deudas y a pesar de que en muchos casos se han ido pagando, no se retiran, para obligar a un deudor a pagar hasta el final. Además, en otros casos los procesos tienen sentencia, pero como el juez sigue con la carga de ejecutar el bien hasta el remate, hay procesos definidos, pero en los que no se ha logrado el pago. Eso infla los índices y la congestión judicial no le pega ni siquiera al 10 por ciento de los problemas de la Justicia.

 

Nosotros no proponemos la quema de los expedientes, pero estamos seguros de que con unos instrumentos procesales eficientes podríamos evitar la carga. Por eso me parece peligroso darles funciones jurisdiccionales a abogados particulares y a notarios, personas sin experiencia. ¿Estamos sacrificando la justicia a costo de qué?

 

Semana.com: Las cortes insisten en que hay un problema de recursos. ¿Usted qué opina?

 

G.M.B.: Eso parcialmente es cierto. Se necesitan recursos pero bien invertidos. El principal problema de la justicia es de legitimidad. Y los cambios que se requieren van desde la cultura ciudadana, para que no todo se pretenda resolver por la vía judicial, hasta la mejoría de las instalaciones de los jueces.

 

La legitimidad comienza por dejar que lleguen los mejores a los cargos de jueces, pero también que tengan elementos para trabajar. Si un ciudadano entra a un juzgado y ve que los palacios de justicia lo amedrentan va a sentir respeto, pero si va a un despacho de un juez lleno de papeles, sin internet, con computador viejo y en algunos casos hasta con ratas, pues no se le da la investidura que debe tener a la justicia.

 

Semana.com: ¿Entonces para qué cambios institucionales como los que ha propuesto el Gobierno?

 

G.M.B.: También son importantes los arreglos constitucionales. Necesitamos un gobierno judicial que sepa de economía, técnico, responsable, que entienda de temas como de oferta y demanda. Necesitamos ser más exigentes con los requisitos para los magistrados y quitarles las facultades de elección de funcionarios para evitar que salgan a hacer política o se enriquezcan con los fallos. Sí se necesitan las reformas institucionales, pero hay que ser conscientes de que solas no va a resolver los problemas.

 

Semana.com: Al respecto de los salarios…

 

G.M.B.: Se necesita más plata para sueldos. Los magistrados ganan muy bien pero los jueces de primera instancia ganan muy mal. La justicia sucede en la primera instancia. Ese es el juez más importante. Pero cómo es posible que un juez de garantías sea un muchachito recién egresado. Se necesitan recursos, pero también muchas más cosas.

 

Semana.com: ¿Cómo le pareció el comunicado de la Corte Suprema y del Consejo de Estado en el que rechazaron la propuesta de reforma a la Justicia propuesta por el Gobierno?

 

G.M.B.: Muy desproporcionado, es muy duro. Pero respaldo una cosa: que reclama la necesidad de que se haga un debate. La discusión no es fácil ni pacífica, nadie tiene la verdad revelada, pero la oportunidad de debatir no se puede soslayar.

 

Finalmente: La Corporación estuvo en la mesa para el análisis de la justicia. ¿Se incluyeron sus recomendaciones?

 

G.M.B.: Aunque en esa mesa no hubo consensos, hay recomendaciones que sí fueron consideradas pero no aparecen en el proyecto. La iniciativa se parece mucho a la que inicialmente propuso el ministro Germán Vargas Lleras en septiembre.

 

TRAS DIFERENCIAS CON LAS CORTES, CONGRESO DEBE DECIDIR SOBRE REFORMA A LA JUSTICIA: SANTOS

 

El presidente se mostró confiado en que la discusión será democrática. Agregó que la buena justicia estimula el trabajo de la fuerza pública.

En la inauguración de la Estación de Policía de Soacha, el presidente Juan Manuel Santos dejó en manos del Congreso las discrepancias con las Cortes por la radicación del proyecto de la reforma a la justicia.

 Santos defendió la independencia de los poderes públicos: “hay que respetar la majestad de los poderes públicos, de la justicia y del Congreso de la República”.

 

Luego, señaló que la propuesta del gobierno, que “no está escrita en piedra”, busca “una mejor justicia”. Aclaró que si no se llegó a un acuerdo con las Cortes, el Congreso decidirá sobre el rumbo del proyecto.

“Estamos ansiosos de oír cuáles son las propuestas que las Cortes van a presentar ante el Congreso, cuál es su punto de vista. Se discutirá en una forma amplia y democrática”, indicó.

El mandatario subrayó que la buena justicia es el mejor estímulo para el trabajo de los miembros de la Fuerza Pública, y dijo que espera lograr en el Congreso “esos cambios que ayuden a que el esfuerzo de la Policía, cuando lucha contra la delincuencia, se vea recompensado con una justicia eficaz y el delincuente pague por sus delitos”.

El presidente sostuvo que con la reforma a la justicia se espera quitarle a Colombia el rótulo de ser uno de los países con una de las justicias más demoradas del mundo.

Finalmente, declaró que está consciente de que las reformas constitucionales y las leyes solo arreglan "una parte del problema", y que también entran en juego la deficiencia en la administración de un gobierno y el uso inadecuado de los recursos.

 

LA AGENDA AZUL

 

La bancada conservadora presentó una reforma constitucional para prohibir el aborto. Llevaron cinco millones de firmas como prueba de apoyo a su iniciativa. 

El aborto, el matrimonio gay y la objeción moral están en el centro del debate. Parece renacer la controversia ideológica.

aDe la noche a la mañana, el país cambió de agenda. Los debates sobre la distribución de las regalías, la sostenibilidad fiscal, el estatuto anticorrupción y la Ley de Víctimas le dieron paso al aborto, al matrimonio gay y a la objeción de conciencia de servidores públicos. Y no por coincidencia estos temas salieron a la luz cuando los conservadores, en cabeza de Juan Manuel Corzo, llegaron a la presidencia del Senado. Con la excepción del matrimonio gay, que llegó al Capitolio por orden de la Corte Constitucional, son los azules quienes abanderan estas iniciativas. La reforma constitucional para prohibir el aborto es obra de José Darío Salazar, presidente de las toldas conservadoras. Y también son los godos quienes promueven la objeción de conciencia para los funcionarios.

Las movidas de ese Partido en el Congreso se explican por razones políticas, ideológicas y estratégicas. Los conservadores tienen la convicción de que en un país en el que hay tanta muerte se debe proteger la vida a toda costa. Con una reforma constitucional de dos artículos pretenden argumentar que "el derecho a la vida es inviolable desde la fecundación hasta la muerte", lo que acaba de un tajo con la despenalización del aborto que había aprobado la Corte Constitucional, al igual que con los avances en materia de eutanasia.

Por otro lado, envalentonados por el apoyo de la procuradora delegada Ilva Myriam Hoyos, buscan avanzar el proyecto de objeción de conciencia para que los funcionarios puedan negarse a casar parejas del mismo sexo y a practicar abortos. Aunque existe un debate sobre si esa figura tiene sentido para los servidores públicos, quienes deben "aplicar y no interpretar la norma", según un experto constitucionalista, los conservadores afirman que todo ser humano debe tener derecho a abstenerse por motivos de creencias y convicción. Por último, la decisión de la Corte Constitucional sobre el matrimonio gay agitó el avispero y alentó a varios partidos a redactar proyectos para reglamentar la figura. Mientras Miguel Gómez, congresista de La U -pero de familia de tradición conservadora-, promueve un contrato civil, Guillermo Rivera, liberal, propone otorgarles el derecho al matrimonio, y los verdes y el Polo también tienen proyectos respectivos. Crece el debate.

Y no deja de ser llamativo que las posiciones tienden a alinearse sobre temas que en el fondo implican visiones encontradas sobre la moral. Al fin y al cabo, el presidente Álvaro Uribe fortaleció la concepción conservadora en temas como el prohibicionismo y las relaciones sexuales prematrimoniales. Lo mismo se podría decir del procurador Alejandro Ordóñez, señalado por difuminar las fronteras entre la religión y el derecho. Según algunas versiones, Ordóñez usa su cargo para defender sus creencias y le tiene "más respeto a la Biblia que a la Constitución". Además, estos proyectos llegan a la palestra en una coyuntura electoral y pueden tener tintes mediáticos. Pero tal vez, mientras el país está girando hacia el centro, jalonado por un gobierno de talante más liberal, es una oportunidad para ver en qué terreno está y qué piensan y quieren los colombianos.

Más allá del cambio de agenda, esta "oleada moralista" genera preguntas de indudable relevancia. ¿Son estos temas urgentes en un país como Colombia? ¿Debe ser el Congreso el que legisle sobre estos temas que tocan, sobre todo, el ámbito privado? Y no menos importante, ¿qué implican estos debates para los partidos, para el Congreso, para el gobierno y para el país?

En cuanto a lo primero, hay visiones enfrentadas. Mientras algunos piensan que el Congreso se debería enfocar en asuntos más urgentes como la eficacia de la justicia, la educación, la seguridad y la pobreza, otros piensan que temas que implican decisiones morales, como el matrimonio gay o el aborto, no dan espera. Según Miguel Gómez, "esta sociedad no sale de la violencia ni de la injusticia social porque el esquema moral está destrozado". Según Gómez, a pesar de que haya necesidades materiales insatisfechas, el Congreso debe priorizar estas discusiones porque el andamio ético y moral está colapsado.

Helena Alviar, decana de Derecho de la Universidad de Los Andes, también defiende la importancia de debatir estos temas, aunque por razones distintas. Según ella, "no hay temas que sean más importantes que otros, pero si quieren hacer un debate sobre la vida, se debe hacer bien. Qué tal si hablamos, por ejemplo, de la vida digna, que incluye temas como la pobreza y la desigualdad, entre otros".

Otros se preguntan si estos debates deben tener lugar en el Congreso, en las altas Cortes o dentro de la misma sociedad civil. En Colombia, en las últimas dos décadas, las Cortes han ejercido el liderazgo en la defensa de los derechos fundamentales de las minorías. La Corte Constitucional despenalizó el aborto en tres casos excepcionales, les ha dado los derechos de seguridad social a las parejas del mismo sexo y se ha pronunciado sobre la eutanasia.

Varios expertos coinciden en que el Congreso es el foro natural donde se deben debatir estos temas. Al fin y al cabo, se supone que el Legislativo representa y es lo más cercano a un retrato real de los colombianos. Pero su desprestigio y una evidente incapacidad para tratar estos asuntos -en su seno se han ahogado seis iniciativas sobre los derechos de las parejas del mismo sexo- han llevado a la sociedad civil, con organizaciones como Colombia Diversa, a buscar que las reformas se concreten en la Corte Constitucional. Se basan en que este es un ente más progresista y ágil que actúa como intérprete de una Constitución garantista y de vanguardia en materia de derechos.

Sin embargo, es un avance que los temas se debatan y se hagan en público y no a puerta cerrada entre los directivos de la Iglesia y las cúpulas de los partidos políticos. Y es una oportunidad para ver quién es quién. En una coyuntura preelectoral, con un gobierno de inclinación liberal, pero que paradójicamente carga con la herencia de un antecesor conservador, hay indicios de que el debate ideológico se está reanimando. Y eso es positivo.

"Estos son los temas que dividen al mundo -dice Armando Benedetti, precursor de los derechos de las minorías-, y estoy seguro de que en las discusiones que vienen, los verdaderos liberales nos volveremos a ver las caras", agrega.

Pero más allá de la viabilidad de estos proyectos, de los cálculos de quién apoyará qué y si en efecto será un termómetro para la Unidad Nacional, estos debates también tienen sus peligros. Si no son de altura, la controversia puede terminar por fortalecer el dogmatismo y la polarización. Todavía es temprano para saber qué tan en serio va a ser el tratamiento de la nueva agenda conservadora. Lo que sí es seguro es que el debate está sobre la mesa. En un par de meses se sabrá qué tan de avanzada son los colombianos. O al menos, el Congreso.